Amparos de hijos de AMLO; colusión con casos de corrupción y huachicol fiscal: Oposición

Amparos de hijos de AMLO; colusión con casos de corrupción y huachicol fiscal: Oposición

Integrantes de la oposición en el Senado de la República sostuvo que los amparos librados por un juez federal en favor de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente de México, envían una señal clara de que están coludidos en actos de corrupción, tráfico de influencias y huachicol fiscal.

Legisladores del PRI y el PAN en la Cámara Alta, consideraron que existen suficientes evidencias de los millonarios negocios que tanto “Andy” como “Bobby” hicieron amparados en el poder y las influencias del expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

Alejandro Moreno, senador del PRI, sostuvo que se manda una señal clara de la larga cola que tienen los López Beltrán, López Obrador y otros familiares, que tejieron una red de corrupción en el Tren Maya, el AIFA y otras obras insignia del sexenio pasado.

El también dirigente del tricolor a nivel nacional anunció que presentarán las denuncias correspondientes tanto en México como en Estados Unidos, ya que muchos de los políticos de Morena, entre ellos Arturo Ávila, tienen casas de millones de dólares en la Unión Americana, lo que debe ser investigado.

Por otro lado, el senador del PAN, Enrique Vargas, dijo que estos amparos concedidos a los hijos del expresidente demuestran que su famoso “pañuelito blanco” afirmando que la corrupción se había erradicado, fue una vil mentira, que hoy empieza a caerse a pedazos con los casos de corrupción en aduanas, huachicol fiscal y la captura de criminales como Hernán Bermúdez Requena, expulsado por Paraguay este miércoles a México.

Enrique Vargas dijo que el expresidente López Obrador está obligado a dar una explicación por los casos de corrupción en las aduanas y puertos, que controlaron parientes del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, pero también por el quebranto en las finanzas de PEMEX luego de la millonaria merma por el llamado huachicol fiscal o contrabando de combustibles que podría llegar a los 170 millones de dólares.