Desplazados en Sinaloa: violencia sin garantías

Por Armando Quiroz

Esa misma noche, la familia de “Juan” decidió abandonar su casa. La guerra subió hasta su rancho. De lado a lado, las balas se respondían y ellos en medio; con Dios en el pensamiento, lo único que les quedó fue tirarse al suelo. De día no hubo chance de salir; ahí andaban aquellos hombres, con el dedo caliente acariciando el gatillo. La tarde cayó, las balas cesaron y el cielo lloró. Caminaron cinco kilómetros hasta llegar a otro ranchito; la lluvia empapó la única ropa que traían puesta.

Tres semanas después, “Juan” estaba haciendo fila junto a otros desplazados en el Palacio de Gobierno en Culiacán. La intención: pedir un terrenito. A su rancho ya no pueden regresar; si el gobierno los acompaña, los rifles se esconden entre el monte y, cuando se van, regresan. No hay garantías de estar seguros.

Las familias desplazadas, en conjunto con el Movimiento Antorchista, buscaron reunirse con el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya. La petición: atender la asignación de viviendas a cargo de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) y de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa (CVIVE), bajo el programa “Ahorros Previos para la Adquisición de Lotes”.

Dicho programa —explicó Ignacio Mejía, activista y dirigente del Movimiento Antorchista— afinca un estancamiento y ralentización en los procesos de entrega y registro. Por un lado, los mil lotes que fueron asignados durante la administración de Quirino Ordaz Coppel en La Pitayita, no pueden ser entregados por la administración actual, ya que no cuentan con los servicios básicos (agua y electricidad).

María Inés Pérez Corral, titular de SEBIDES, en su enfoque de censar y verificar que las personas sean víctimas de desplazamiento forzado, ha contribuido a que los procesos de asignación de otros solares sean lentos. Tan solo en dos semanas, el Movimiento Antorchista censó, por su parte, 200 familias que tuvieron que salir de sus comunidades. Los datos oficiales arrojan 324 familias, con corte hasta el 24 de septiembre de 2025. Esto, sin considerar la cifra negra.

“Que se le atienda correctamente a la gente, que se verifique si es desplazado o no. Eso estamos totalmente de acuerdo, pero que ya se le dé una salida y no se justifique con la introducción de los servicios que no se puede hacer la entrega de un solar, porque ese es el argumento. ‘Nosotros no podemos entregar un solar sin servicios’, dice el gobernador, pero bueno, pues entonces, ¿cuándo los van a entregar con servicios?”, cuestionó Mejía.

A pesar de que el discurso oficial incluye la introducción de servicios (y el precio del lote se mantiene en 5 mil pesos), las instancias correspondientes no están instalando los servicios. Esto crea un círculo vicioso: no dejan entrar a la gente porque no hay servicios, pero tampoco ponen servicios.

Al inicio de la administración actual —continuó Mejía— se mencionó un presupuesto de 60 millones de pesos, el cual fue posteriormente aumentado a 70 millones. Se “cacarea bastante” que Sinaloa es el estado con mayor recurso destinado a los desplazados, aunque también es el estado que presenta el mayor desplazamiento forzado.

Hace dos años se propuso el proyecto “Ahorro Previo para la Adquisición de Lotes con Servicios Progresivos en el Estado de Sinaloa”, donde las familias ahorrarían la mitad del costo del lote. Sin embargo, la trampa —como la denomina Mejía— radica en que se pide a la gente ahorrar sin que se les especifique qué lote van a adquirir o en qué se va a destinar ese dinero.

“La gente ha dicho, ‘bueno, nos dan solamente apoyos asistenciales que no resuelven de fondo el problema, nos resuelven el día, la semana, tres días, pues adelante, con una despensa, con un catre, lo cual es bien recibido’. Sin embargo, eso en lugar de resolver de fondo el problema, pues lo que hace es desviar la atención y pues esa es la respuesta que da el gobierno del estado a través de SEBIDES para decir, ‘sí, estamos atendiendo’”, sentenció Mejía.

Para “Juan”, las despensas se agradecen, pero no duran. Desde hace cuatro semanas no encuentra trabajo; lo único que le queda es ensuciarse las manos en el Basurón Municipal, a la espera del empujoncito quincenal con víveres básicos. El espacio es prestado y no alcanza: en un solo cuartito duermen cinco personas. Lo que él busca es un terreno, porque sabe que a su rancho ya no va a volver.

Llegó a la Loma de Rodriguera como otros desplazados que se asientan en las periferias. Algunos vienen corriendo desde Caminaguato, Badiraguato, La Vainilla, Tepuche, Ojo del Agua, entre otras comunidades, aunque el problema no es nuevo.

Una noche de 2021, “María” salió de su casa en Badiraguato. Los hombres armados tocaron a su puerta: toc, toc, toc. “María” abrió y la petición fue directa: “Queremos que se salgan”, —le dijeron—. Pobres de ustedes si mañana amanecen aquí. Lo único que pudo agarrar fueron sus documentos, una cobija y la maleta con un cambio de ropa para ella, su esposo y sus dos hijas. Desde entonces, no han podido regresar.

“La verdad uno nunca esperó eso. Eso fue así muy de repente, se siente muy feo. Se le hace a uno que son mentiras: tener que caminar, salir de su casa, mirar lo que va quedando. Tan solo recordar se siente (…) fueron varías familias las que fueron sacando poco a poco, unas, otras y otra”, expresó “María”.

Entre el tumulto de gente, surgió la voz de Pergentino Cortés Girón, del Movimiento Antorchista: “Compañeros no hay que desesperarse, todo el que lucha algún resultado consigue, la lucha siempre da resultado, aunque parezca imposible se hace posible con la fuerza y la convicción de los que sufren el problema como ustedes”.

Por lo pronto a esperar, quizás otro día los reciba el gobernador.

Publicado el 19 de octubre de 2025 en la edición 1186 del semanario Ríodoce.