Revocan visas a más de 50 políticos y funcionarios mexicanos en EEUU

El gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en el marco de la estrategia de la administración de Donald Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos, informó Reuters, citando fuentes oficiales mexicanas. La medida se ha centrado principalmente en miembros del partido gobernante Morena, así como en funcionarios de otros partidos.

Aunque algunos casos se habían hecho públicos, el reporte indica que las cancelaciones son más generalizadas de lo que se había informado anteriormente. Hasta ahora, solo cuatro funcionarios han confirmado públicamente la pérdida de su visa, incluida la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien negó vínculos con el crimen organizado.

Especialistas y exembajadores estadounidenses señalan que revocar visas de políticos en funciones es un acto delicado en diplomacia y que la administración Trump busca ejercer presión política sobre México. La medida también se ha extendido a otros países de América Latina, incluyendo Colombia, Brasil y Costa Rica, donde funcionarios de alto rango han perdido sus visas sin recibir explicaciones.

El fenómeno ha causado preocupación en la élite política mexicana, acostumbrada a viajar regularmente a Estados Unidos. La revocación de visas ocurre sin necesidad de justificar la decisión y no implica necesariamente procesos judiciales, lo que genera incertidumbre sobre si las personas afectadas están siendo investigadas.

Fuentes destacan que la estrategia se relaciona con la designación de cárteles como organizaciones terroristas y que la información de inteligencia de la DEA influye en el estatus de las visas estadounidenses. Aun así, las autoridades mexicanas y la Secretaría de Relaciones Exteriores no han emitido comentarios sobre el tema. 

Hasta ahora, Estados Unidos no ha explicado públicamente por qué ha retirado las visas, generando confusión y preocupación entre los funcionarios afectados. La falta de transparencia deja abierta la posibilidad de investigaciones futuras y aumenta la percepción de que la medida puede tener un trasfondo político más que judicial.