Acoso judicial contra periodistas ha crecido en México desde 2016: Artículo 19

En los primeros siete meses de 2025, México registró 51 casos de acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación, la cifra más alta desde que se tiene registro, alertó la organización Artículo 19 en su informe “Las leyes de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México”. El organismo denunció que este fenómeno representa un grave riesgo para la libertad de expresión y el derecho a la información.

De acuerdo con la documentación de la organización, entre enero y julio se iniciaron procesos legales contra 39 periodistas —28 hombres y 11 mujeres—, además de 12 medios de comunicación. En promedio, se abrió un nuevo proceso cada cuatro días, lo que refleja un uso faccioso del marco legal mexicano.

La cifra ya supera a la de 2021, cuando se habían contabilizado 40 procesos, hasta entonces el año con más casos. Además, el acoso judicial dejó de concentrarse en una sola región y se extendió a 17 estados del país, lo que representa más de la mitad del territorio nacional. Veracruz, con 10 procesos, encabeza la lista, seguido de la Ciudad de México (9) y Jalisco (6).

Artículo 19 destacó que incluso se han manipulado figuras jurídicas como la de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), diseñada para combatir la discriminación estructural, pero que en algunos casos ha sido utilizada para obligar a retirar publicaciones críticas.

Uno de los episodios más polémicos ocurrió en Campeche, donde una jueza de control prohibió al periodista Jorge González Valdez y al diario Tribuna Campeche publicar textos sobre la gobernadora Layda Sansores, además de imponer un interventor que supervisara sus contenidos. El medio calificó la medida como una “ley mordaza” y anunció que suspendería sus publicaciones mientras estuviera vigente la resolución.

Casos similares se han registrado en otras entidades. La periodista Lourdes Mendoza enfrenta desde enero una demanda por daño moral del actual director del Metro, Adrián Rubalcava, mientras que en Nayarit el gobernador Miguel Ángel Navarro calificó a la prensa como “sicarios de la comunicación” y advirtió que sus colaboradores pueden emprender acciones legales contra reporteros.

La organización recordó que este tipo de litigios estratégicos contra la participación pública, conocidos como SLAPPs, no solo buscan silenciar voces críticas, sino enviar un mensaje de intimidación a toda la prensa. Incluso, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que tales procesos ponen en entredicho derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión y de participación pública.