Triunfan panameños sobre el neocolonialismo minero

Mientras el mundo se ponía en guardia contra los daños de la actividad extractiva, el gobierno y Congreso de Panamá concedían todo el poder a una trasnacional minera al pactar una ley a espaldas de los ciudadanos. La movilización popular frenó al capitalismo corporativo, que condenaba al país a depender del modelo extractivista y al desastre ambiental del Corredor Biológico Mesoamericano. A la par, exhibió el proceder del Gobierno de Laurentino Cortizo.

El 28 de noviembre, en un giro inesperado, la Corte Suprema de Panamá declaraba inconstitucional la Ley 406. Un mes antes, y en sólo 72 horas, el Congreso la proclamó sin consultar a la sociedad y pese a advertencias de expertos jurídicos y ambientalistas. Esa Ley sólo tenía un beneficiario: la trasnacional canadiense First Quantum Minerals (FQM) ¡Y estallaron las protestas!

Tras esa actuación, se acentuaba la inconformidad. Y el 23 de octubre miles tomaban las calles en la capital y ciudades del país del canal transoceánico para exir la derogación de un contrato transformado en ley. Eran las concentraciones más poderosas desde las registradas contra la dictadura militar en la década de 1980.

Todos rechazaban el pacto entre la empresa y el Gobierno, que logró que el Legislativo lo aprobara rápidamente como Ley. De ahí el reclamo contra el presidente Laurentino Carpizo, quien publicó el decreto que perpetuaría la operación de la trasnacional canadiense. Le reprochaban esa acción, pues Cortizo llegó al cargo con un programa de centro-izquierda y en 2006 se opuso al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (EEUU).

Por más de tres meses se extendieron las protestas contra a esa Ley. Los panameños, conscientes de la amenaza que se cernía sobre su país, se movilizaron ante la propia mina, la zona del Canal, con homólogos de la región y en la escena internacional.

Articularon esa eficaz campaña los panameños herederos del poderoso movimiento soberanista y antiimperialista que independizó al país, tras haber sido enclave del colonialismo estadounidense por más de un siglo.

El repudio también tenía como trasfondo el descontento de los habitantes del país centroamericano contra la inflación y el alto costo de la vida. Descontentos con la aprobación del Legislativo al Acuerdo-Ley, que decretó el presidente, clamaban: “No es un contrato, sino un tratado que expropia territorio y lo convierte en un enclave”.

Así, lo que empezó como protesta contra el desastre ambiental de la minera, escaló hasta denunciar que ese Acuerdo-Ley avala la construcción de un enclave que perpetúa el dominio colonial y exhibe la enorme desigualdad de Panamá, la mayor en América Latina.

El éxito del movimiento popular refleja que hoy Centroamérica se ha convertido en la región de vanguardia en la lucha de los pueblos por demandas democráticas, sociales y ambientales. De Guatemala a Panamá, se multiplican las protestas sociales con un denominador común: el rechazo al saqueo y a la abierta injerencia del sector extractivo en la vida de millones de personas.

La decisión de la Suprema Corte marca un hito en la defensa del territorio y contra el poder de las trasnacionales. El abogado Juan Sevillano, artífice de la demanda de inconstitucionalidad, alega que, conforme al Artículo 1 de esa ley, no se reglamentó previamente según la gaceta oficial. Es de esperarse que la empresa apele.

Poder y ecocidio

First Quantum Minerals (FQM) es una minera trasnacional canadiense, con inversiones en Zambia, República Democrática del Congo, Finlandia, Laponia, Australia, España, Turquía y otros países, además de ser la mayor minera que opera en América Central. En Panamá opera como Minera Panamá y produce unas 300 mil toneladas anuales de concentrado de cobre.

Detrás de esa febril extracción está la gran dependencia económica del país bioceánico. Por ello, el 21 de febrero de 2019, las élites locales se felicitaban cuando la emisora France 24 calificaba el Proyecto Cobre Panamá de ser la mayor inversión extranjera (con 6 mil 300 millones de dólares) en la historia del país.

El más feliz era el entonces presidente, Juan Carlos Varela, quien afirmó que la mina era el segundo mayor proyecto de infraestructura después del Canal Interoceánico. Así, Panamá incursionaba en el mercado del cobre, mineral cada vez más apetecido por el sector tecnológico del que Chile es el mayor productor global y China el principal consumidor.

En su bienvenida, FQM prometió producir 320 mil toneladas de cobre, que entonces equivalían a unos dos mil millones de dólares en el mercado internacional. Cuatro años después, desde la mina a cielo abierto que ocupa 12 mil 955 hectáreas se extrae de forma masiva ese estratégico mineral, pero Panamá está en pésima situación económica.

La febril operación de cientos de hombres ha dejado un enorme y profundo hueco en la tierra, en medio de bosques que retroceden ante las excavaciones. Los trabajadores, poblaciones aledañas, tierra y ríos están expuestos a los efectos negativos a su salud por las sustancias cancerígenas usadas en el proceso para extraer el mineral.

Las labores se desarrollan en una zona muy amplia en la caribeña provincia de Colón, a unos 240 kilómetros de la capital, en el Cerro Colorado y Donoso, en plena zona del Corredor Biológico Mesoamericano.

Ese ecosistema tropical natural, tercero en importancia mundial, une a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Belice, Guatemala y estados del sur mexicano, también es vía clave de flujos migratorios de especies de Sudamérica a Norteamérica.

Ahí es visible la destrucción de miles de hectáreas y biodiversidad por la tala de sus bosques tropicales, contaminación de ríos y desplazamiento de personas, explica el analista Alfredo Rada.

Lejos de ese daño ecológico, el Gobierno y el sector privado –extranjero y panameño– alardean que, a cambio, el país recibe ingresos anuales que significan el cuatro por ciento de su Producto Interno Bruto y casi 75 por ciento de los ingresos por exportaciones.

Los opositores denunciaban que el Acuerdo, además de permitirle extraer y vender cobre y otros minerales, concede a la minera la posibilidad de extender su operación por 40 años: 20 a partir de ahora, con opción a prórroga por otros 20 años más; duración que heredaría a las próximas generaciones los problemas acumulados.

Describían que resta poder al Estado, pues ninguna autoridad puede revisar los almacenes privados de la minera, a la que faculta para crear sus aeropuertos y propia policía. Reclaman que la empresa opera en una extensa zona boscosa al norte del país y pone en riesgo la biodiversidad del Corredor Biológico Mesoamericano.

Otro aspecto grave de esa Ley es que concedía a FQM el privilegio de administrar agua en su operación, a pesar de que Panamá ya padece de estrés hídrico, al grado de que el Canal ha reducido su actividad por la sequía. Los dueños de la minera alegan que sólo usan el agua de lluvia que reservan, lo que es un argumento falso, señala el ambientalista Lamar Bailey.

En sus protestas, que duraron más de 90 días, los manifestantes exigían paralizar la operación de la mina, cesar todas las operaciones o decretar una moratoria en un país que ha otorgado 15 concesiones en breve tiempo y tiene en espera la aprobación de 103 solicitudes más.

De ahí sus consignas: “Esta patria no se vende, esta patria se defiende”, “¡No a la minería, sí a la vida!”, “La Tierra es lo que importa”. En barcazas, han protestado en el Canal contra la firma, que usa para su beneficio un puerto público.

El apoyo internacional a la protesta nacionalista de los panameños es significativo. La lidera esa diáspora panameña en el extranjero que salió de su país por carecer de ingresos para sostenerse y se buscó la vida en el exterior.

Hoy muestra su descontento por ese pacto con la minera trasnacional y protesta ante consulados panameños en México, EE. UU., Alemania, Irlanda, Francia, la misma Canadá y en ciudades como Madrid, Valencia y Barcelona.

En España, donde también opera la First Quantum Mineral, los panameños opositores al nuevo contrato afirman que fue “la gota que derramó el vaso de un disgusto acumulado por el alto costo de la vida y otros problemas sociales” en Panamá, expresa el periodista español Carlos Soledad.

Gobierno sumiso

A esos irreductibles panameños, que bloquearon las rutas de paso de los minerales y movilizaron a todo el país, les irritaba que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo no sólo no hubiese atendido su reclamo, sino que los reprimiera con la fuerza pública hasta causar varios heridos, deteniendo a unas mil 200 personas.

En su defensa, el presidente recordaba que su gobierno prohibió nuevas concesiones para extraer minerales metálicos. Sin embargo, mantenía el de la trasnacional canadiense bajo la consideración del importante aporte económico que hace al país.

En un mal cálculo que incendió más los ánimos, Cortizo y su ministro de Comercio, Federico Álvaro, subrayaron que la mina genera ocho mil empleos directos y unos 40 mil indirectos.

Argumentaban que el nuevo Acuerdo ofrece 375 millones de dólares en regalías –10 veces más que el anterior contrato– pero que esta suma es a todas luces insuficiente para cubrir las necesidades de la sociedad; y ofrecían que, a futuro, con las regalías se aumentarán pensiones y cuotas al seguro social.

Muchos sostienen que fue el propio Cortizo –cuya gestión concluirá el 1º de julio de 2024– quien negoció el nuevo contrato. Con ello, sólo aglutinó el repudio social, describe el economista y asesor sindical, Alfredo Rada.

El anterior pacto con la minera databa de 1997, por lo que en 2017, la Corte Suprema lo declaró inconstitucional al alegar que no aseguraba mayor beneficio al Estado y era ajeno al bienestar social e interés público.

Preocupado por la presión ciudadana, el Ejecutivo ofreció que pediría al Tribunal Electoral convocar a una consulta popular el 17 de diciembre, para que los panameños decidieran si se derogaba o no el contrato-ley. Sin embargo, ese órgano respondió que no había condiciones para preparar ese “esfuerzo adicional”, pues ya se alista para la elección general del cinco de mayo.

Para los juristas era difícil tramitar la anulación del Acuerdo, porque expondría al gobierno a demandas por indemnizaciones. Resultó más oportuna y eficaz la opinión del abogado ambientalista Rodrigo Noriega, quien sugería esperar a que la Corte Suprema fallara a favor de alguno de los cinco recursos de inconstitucionalidad que revisaba; y si así sucediera, no habría necesidad de la consulta.

Este conflicto, que proyectó su sombra hace meses, ensombrecerá el cambio de gobierno el próximo año e incrementará la percepción de incertidumbre entre los 4.3 millones de habitantes de Panamá. No obstante, de forma ineludible, el triunfo en la Corte Suprema reposiciona al poder popular ante la creciente influencia del sector extractivista en nuestra América.

El peligroso extractivismo

Del Siglo XVI a la actualidad, el extractivismo en todo el mundo –y en México en particular–, ha sido un modelo de apropiación de bienes naturales para producir materias primas a gran escala hacia el mercado global con alto impacto ambiental y social, describe el analista Daniel Recillas Quintín.

El extractivismo ha dejado un rastro fatal: despojo de tierras, distintas y graves formas de violencia contra los pueblos con hábitats degradados. Ese incontenible saqueo de recursos y minerales también profundiza la desigualdad, desplazamiento de comunidades y expone las redes de corrupción que impunemente tejen gobiernos y corporaciones.

América Latina y el Caribe es una de las principales regiones con grandes reservas de minerales estratégicos que históricamente ha sufrido la desmedida avaricia del sector extractivo trasnacional. Ahora, ante la gran demanda de los recursos (denominados commodities), los sectores industriales, comerciales, tecnológicos y científicos sufren por la escasez y alza de los precios.

Por ello, no cesa la búsqueda de esos recursos por “inversionistas” de EE. UU., la Unión Europea y Canadá, el principal saqueador minero. A cambio, las corporaciones entregan parte de sus divisas a las economías nacionales, ya dependientes de ese sector.

En México, esa actividad ha operado para incrementar la acumulación de riqueza de las corporaciones y élites regionales, generando una economía que no deja nada a las comunidades expoliadas, apunta la investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Fernanda Paz.

Incluso, ya es usual que las corporaciones pacten con figuras del crimen organizado para aplicar tácticas de presión (sean amenazas o hasta secuestros) contra propietarios de la tierra que se nieguen a ceder ante las empresas, describe la investigadora Leticia Durán.

La violenta marca canadiense

Es tal la agresiva política de las mineras canadienses en el mundo, que ahora es objeto de estudio de numerosos investigadores. El informe del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (2016), de los autores Shin Imai, Leah Gardner y Sarah Weinberger, documenta lo que llaman “Inquietantes incidentes de violencia relacionados con mineras canadienses en América Latina”.

En el documento titulado La “Marca Canadiense”: La violencia y las compañías mineras canadienses en América Latina, que investiga el grado de violencia y criminalización de ese sector entre los años 2000 y 2015, documentan incidentes corroborados, por al menos dos fuentes independientes, y advierten que, en general, ni el gobierno canadiense, ni la industria, monitorean esos incidentes.

Hallazgos revelan incidentes en que se involucran, al menos, 28 firmas canadienses; relacionados con 44 muertes, 30 de ellas clasificadas como “selectivas”, así como 403 personas heridas, la mayoría en protestas contra mineras.

También documentan 709 casos de criminalización de opositores a esas firmas, incluyendo órdenes de arresto, detenciones y presentaciones de cargos; así como una amplia distribución geográfica de la violencia. Muertes en 11 países, heridos en 13 países y criminalización en 12 países.

La investigación revela que las compañías canadienses que cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto “no incluyen reportes de violencia en sus declaraciones obligatorias de operación corporativa entre 2000 y 2015”, mientras que las más pequeñas reportaron con más detalle los incidentes.

Texto publicado originalmente en el Semanario Buzos de la noticia. Sigue a Nydia Egremy en X, en https://twitter.com/NydiaEgremy_