Persiste pobreza y desigualdad en estados del sureste mexicano: ONG´S

La pobreza sigue profundamente arraigada en entidades del sur como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, señalaron especialistas durante un foro sobre desigualdad. De acuerdo con Adriana Gómez Chico, responsable de la agenda de empresas sociales en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en Chiapas, la pobreza afecta a dos terceras partes de la población, cerca de 4 millones de personas, y una cuarta parte vive en escasez extrema.

En este sentido dio a conocer que, en el caso de Guerrero, seis de cada 10 personas viven en pobreza y una quinta parte en pobreza extrema. Mientras que, en Oaxaca, más de la mitad de la población vive en pobreza y 16 por cierto en pobreza extrema.

Mientras que estados como Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, presentan los niveles más bajos de pobreza, Chiapas, Guerrero y Oaxaca tienen las tasas más altas de pobreza y pobreza extrema, es decir, esta condición sigue arraigada en el sur, afirmó Adriana Gómez Chico, responsable de la Agenda de Empresas Sociales en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Por su parte, Alexandra Haas Paciuc, directora de Oxfam México, reconoció avances por el aumento al salario mínimo, pero advirtió que la política pública ha fallado en atender a comunidades rurales e indígenas. “Persiste en zonas rurales e indígenas. Hay una falla estructural de la política pública con un comportamiento discriminatorio y racista”, resaltó Haas Paciuc.

Alberto Irazebal, investigador de la Universidad Iberoamericana, criticó que se busque “occidentalizar” el desarrollo en estas regiones: “Los Polos de Desarrollo atraen inversión privada con incentivos fiscales, pero ignoran que el bienestar en comunidades indígenas no depende solo del ingreso, sino de la armonía con la comunidad y la naturaleza” señaló.

Los expertos coincidieron en que es necesario que el Estado construya una estructura habilitante para la economía social, ya que en otros países puede aportar hasta 10 por ciento del PIB. Piieron dejar de ver a las comunidades indígenas y rurales como sectores de beneficencia y, en cambio, reconocerlas como actores clave para el desarrollo.