Fiscalía de Michoacán violó la ley al difundir imagen de menor involucrado en homicidio de Carlos Manzo

Diversas organizaciones de defensa de los derechos de la infancia y de medios de comunicación en Michoacán acusaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de incumplir la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al difundir la imagen e identidad del menor de edad involucrado en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En un pronunciamiento, Tejiendo Redes Infancia, encabezada por Juan Martín Pérez García, calificó como “un acto ilegal y preocupante” la divulgación de la identidad y los restos humanos del menor. La organización recordó que desde 2011 organismos internacionales han exhortado al Estado mexicano a tipificar y sancionar el reclutamiento y utilización de infancias por el crimen organizado, así como a desarrollar programas de prevención y rescate. Pérez García llamó a los medios de comunicación a no replicar imágenes ni datos personales y exigió a la fiscalía retirar el material difundido y ofrecer una disculpa pública a la familia del menor.

Cabe señalar que el artículo 77 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prohíbe el uso o difusión de imágenes, nombres o datos que permitan la identificación de menores, y que la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 16, protege su derecho a la vida privada y a la honra, esto incluye a aquellos que puedan estar acusados o plenamente identificados como responsables de un delito.

Asimismo, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ha expresado con regularidad su rechazo a la difusión de imágenes de menores en condiciones de vulnerabilidad por parte de servidores públicos. La organización señala que este tipo de prácticas constituye una violación al principio constitucional del interés superior de la niñez y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano. REDIM recordó además que los artículos 68 y 80 de la ley mencionada prohíben expresamente la publicación de imágenes de niñas, niños y adolescentes, especialmente cuando son víctimas de delitos.

El debate surgió luego de que el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, ofreciera en conferencia de prensa detalles sobre el menor el 3 y 6 de noviembre, revelando su identidad, edad y lugar de origen, así como fotografías del cuerpo. Según el funcionario, el joven, originario de Paracho, se habría ausentado de su casa una semana antes del asesinato del alcalde de Uruapan en donde fue abatido tras el ataque.

Las organizaciones coincidieron en que la exposición pública del adolescente no sólo vulnera sus derechos y los de su familia, sino que refleja una grave omisión institucional en materia de protección a la infancia, especialmente frente al contexto de violencia y reclutamiento forzado que enfrentan niños y adolescentes en diversas regiones del país.