Desde el 2011 Congreso no avanza en tipificar el reclutamiento de menores por el crimen organizado

Desde 2011, el Congreso de la Unión mantiene en la congeladora medio centenar de iniciativas que buscan tipificar como delito el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. A pesar de que las propuestas contemplan penas de hasta 140 años de prisión para los responsables, ninguna ha sido dictaminada ni considerada como prioridad legislativa.

Ese mismo año, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendó al Estado mexicano incluir este delito en su marco legal, pero en casi tres sexenios no se ha dado respuesta. Ni durante la llamada “guerra contra el narcotráfico” del presidente Felipe Calderón, ni en los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador o en el actual de Claudia Sheinbaum Pardo, se ha presentado una iniciativa presidencial para atender este tema.

La activista Saskia Niño de Rivera, cofundadora de la organización Reinserta, ha insistido en la urgencia de legislar sobre este delito y de acompañar la reforma con una estrategia integral que permita desmovilizar a los menores ya involucrados en grupos criminales. Según datos de la organización, el 62 por ciento de los adolescentes en conflicto con la ley tuvo contacto con el crimen antes de los 15 años.

Niño de Rivera lamentó la falta de estudios oficiales sobre el alcance de este fenómeno. Señaló que en 2020 se estimaba que entre 140 mil y 250 mil menores estaban en riesgo de ser reclutados, aunque las cifras podrían ser mayores debido al uso de redes sociales y videojuegos para captar jóvenes. Recordó que el reclutamiento forzado de menores es considerado un crimen de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional.

En abril de 2025, la senadora panista Laura Esquivel presentó una iniciativa que propone penas de 20 a 40 años de prisión para quienes recluten menores, con agravantes si el responsable es servidor público o integrante de las Fuerzas Armadas. De forma paralela, el priista Rubén Moreira planteó sanciones de hasta 60 años en casos donde las víctimas sean menores de edad. Aun así, ninguna de las propuestas ha avanzado en el Congreso.