SIP alerta por uso del aparato judicial para censurar a la prensa; México caso destacado de preocupación

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió sobre una “escalada sostenida y multifacética de presiones contra el periodismo” en el continente, donde México destaca como uno de los casos más críticos por el uso del acoso judicial para inhibir el trabajo informativo. Durante la 81 Asamblea General celebrada en Punta Cana, República Dominicana, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, señaló que figuras legales como la “violencia política de género” o el “daño moral” están siendo empleadas en México para frenar la crítica, cerrar espacios informativos y ejercer vigilancia institucional sobre medios y comunicadores.

De acuerdo con el informe presentado, el uso de demandas por daño moral se ha convertido en un mecanismo de presión para censurar investigaciones y desgastar económicamente a medios independientes. Ramos subrayó que esta estrategia, basada en la vía jurídica, representa hoy la principal amenaza para la libertad de expresión en el país, desplazando incluso a otras formas de censura más tradicionales.

La SIP también documentó situaciones similares en Panamá, Argentina, Perú y Brasil, donde se han multiplicado los litigios orientados a “asfixiar” económicamente a las empresas periodísticas e intimidar a reporteros. En estos países, la utilización del sistema judicial se combina con la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial, lo que distorsiona el ecosistema mediático y favorece a voces alineadas con el poder.

En Estados Unidos, el organismo alertó sobre un creciente deterioro del entorno para la prensa, especialmente tras el regreso de Donald Trump al escenario político. Mencionó desde demandas multimillonarias y amenazas de revocar licencias, hasta iniciativas para imponer controles editoriales previos, lo que —advirtió— podría sentar un precedente para gobernantes con tendencias autoritarias en la región.

La SIP también expresó inquietud por el discurso de hostilidad hacia periodistas promovido desde el poder en distintos países, citando frases como la del presidente argentino Javier Milei, quien difundió el lema “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, o campañas como “Dato mata mentira” en Costa Rica, que refuerzan una cultura de desprestigio hacia la prensa. A esto se suma el persistente escenario de violencia física y amenazas directas contra comunicadores en varias naciones del continente.

Censura oficial en México

En México destaca el caso de los estados de Puebla y Campeche, donde los gobiernos morenistas han intentado implementar leyes para castigar juridicamente a aquellos comunicadores y medios que emitan comentarios ofensivos o que “incomoden a las autoridades”.

Solamente en Campeche han sonado dos casos de clara “censura” por parte del gobierno estatal, el primero el del periodista Jorge Luis González fue procesado y censurado tras publicar información incómoda para el gobierno, emitiendo a través de una resolución de un juez que debían ser “revisadas” sus notas antes de poder ser publicadas en sus canales; sumado a esto el reciente caso de Telemar quienes denunciaron que la fiscalía de Campeche solicitó datos de sus redactores.