Ley de Aguas ignora 7 mil pozos: riesgo inminente

Una creciente tensión se apodera del sector agrícola en México ante la inminente votación de la Ley General de Aguas. La preocupación central radica en la posible desprotección de miles de familias campesinas, cuya subsistencia depende de pozos de agua que, según la redacción actual de la iniciativa, quedarían sin reconocimiento oficial.

Baltazar Valdez, delegado del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNPCM), lanzó una enérgica petición a los legisladores: modificar el Artículo 23 del dictamen. En concreto, el FNPCM exige el reconocimiento de al menos 7 mil pozos agrícolas en todo el país. De no ser considerados, Valdez advirtió que el sector se vería obligado a interponer una serie de amparos masivos para defender sus derechos hídricos adquiridos.

El dirigente chihuahuense del FNPCM, Eraclio Rodríguez, confirmó que el sector no será silenciado. Hoy mismo, sostuvo una reunión con el senador Adán Augusto López para exponer directamente la gravedad del asunto. La demanda es clara: agregar dos artículos transitorios a la ley para formalizar el reconocimiento de una serie de alumbramientos (perforaciones) históricos utilizados por los agricultores.

Esta lucha legal y social se enmarca en un contexto donde, según datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), existen aproximadamente 140 mil pozos distribuidos en los acuíferos del país, pero una fracción significativa de estos pozos utilizados por el sector agrario carece de la documentación oficial, vital para la seguridad jurídica del campo. De hecho, la propia CONAGUA ha reconocido históricamente la existencia de un considerable número de extracciones irregulares o sin título, siendo el sector agrícola uno de los más afectados por la falta de un marco legal claro que regule los derechos de los pequeños productores. Ignorar los 7 mil pozos significaría borrar de un plumazo el sustento de miles de familias.

El FNPCM no solo busca proteger los pozos existentes, sino también asegurar la recuperación de agua y la inversión pública en infraestructura que, a su juicio, no están contempladas en la ley. La falta de candados para evitar el acaparamiento o la explotación desmedida por parte de mineros e industriales es otro punto de fricción que podría desatar una rebelión del campo contra la nueva legislación hídrica. La votación de esta ley se convierte así en un punto crucial para el futuro de la agricultura y la estabilidad social en México.