222 ciudadanos de Nicaragua enviados a EE. UU. no son presos políticos, son “mercenarios” sostiene Daniel Ortega

No queda un solo terrorista en prisión, es un problema de principios, aseguró el mandatario de Nicaragua

222 ciudadanos de Nicaragua enviados a EE. UU. no son presos políticos, son “mercenarios” sostiene Daniel Ortega

Managua.- Tras el envío de 222 ciudadanos de Nicaragua a EE. UU., el presidente Daniel Ortega, afirmó que el grupo no se trata de presos políticos, sino una determinación soberana contra gente que atentó a la soberanía del pueblo nicaragüense, “todos ellos eran agentes de potencias extranjeras” y cuyos procesos judiciales han determinado su culpabilidad dijo en rueda de prensa en mensaje a la nación para fijar un posicionamiento ante la medida.

El gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega envío el 9 de febrero a más de 200 ciudadanos a Estados Unidos, entre ellos once sacerdotes, que han enfrentado procesos judiciales por actos que trastocaron la paz y la estabilidad en el país centroamericano tras un acuerdo por intermediación de Presidencia, cancillería y el departamento de Estado de EEUU. “Ellos respondieron que estaban dispuestos a llevarse a todos, en un solo vuelo. Y nos dieron fecha, el día 9. El día 9 estaría entrando el avión a Managua” acotó.

“Toda esta gente se envía por atentar contra la soberanía, por atentar contra la soberanía del pueblo nicaragüense, todos ellos eran agentes de potencias extranjeras, han sembrado el terror en Nicaragua” dijo el mandatario al denunciar que los casos juzgados cuentan con documentación, en las que el gobierno nicaragüense comprobó financiamiento y sus nexos con Estados Unidos y los países europeos en la actividad ilícita de todas estas personas para desestabilizar al país.

El gobierno norteamericano nos ha acusado de tener presos políticos, cuestionó el mandatario Daniel Ortega, sin embargo, comparó que todo ciudadano que provoque disturbios entre la población debe ser juzgado y acatar las determinaciones que resuelvan las autoridades judiciales, tal como hizo la potencia norteamericana con quienes asaltaron el Capitolio, el 6 de enero de 2021, a cuyos responsables no se les califica como presos políticos y enfrentan ahora la justicia en ese país.

No pedimos a EE. UU. nada a cambio, no es un trueque  

Aclaró que la lista original era de 228 ciudadanos que fueron propuestos tras procesos concluidos y juzgados por actos contra la soberanía, “no se excluyó a nadie, sin embargo, 4 de ellos no fueron aceptados por parte de Estados Unidos y otros se negaron a subir al avión” dijo Ortega, es el caso de Alejandro Ramos, ubicado en el Penal de Tipitapa, quien fue condenado por almacenamiento de droga y Eliseo de Jesús Castro, quien no fue aceptado por parte de la embajada, por su vinculación con el uso de explosivos en 2019 en actividades terroristas, además, este ciudadano había sido deportado de Estados Unidos anteriormente.

“No estamos pidiendo que levanten las sanciones, no estamos pidiendo nada a cambio, es un acto de dignidad, de patriotismo. ¡Que se lleven a sus mercenarios! Recibieron a sus mercenarios, que se los lleven, como se llevaron a sus mercenarios después de la invasión a Cuba, que fueron más de mil. Fidel se los mandó para allá…No se trataba de negociar, aquí no ha habido ninguna negociación porque la soberanía del país, la dignidad de la patria, no se negocia” sentenció el mandatario al reiterar que esta medida busca garantizar la paz. “De parte del gobierno de Estados Unidos, no hemos pedido nada, no es un trueque” reiteró en varias ocasiones.

El caso del sacerdote Álvarez, uno de los más observados

Sobre el caso de Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, quien se negó a subir al avión, el presidente dijo que no se admitían los argumentos interpuestos por Álvarez pues integrarlo a la lista era una determinación soberana, sin embargo, tampoco se le forzó a subir al avión. “No se le podía montar a la fuerza, pero como ellos (la parte estadounidense) explicaron que no podían aceptar al que no quisiera, entonces vuelta para acá. Y a él se le había tratado de una manera increíble, como a ningún otro prisionero en este país” afirmó.

El mandatario se refirió a que, pese a las denuncias en contra del sacerdote, todavía se le tuvo en arresto domiciliario tras su detención el 19 de agosto de 2022, por lo que se queda en el país en prisión federal. Este sacerdote enfrenta proceso judicial acusado de conspiración y propagación de noticias falsas, utilizando radios ilegales, desde donde llamaba a la población en contra del gobierno de Ortega, de acuerdo con reportes oficiales. En la lista enviada al gobierno estadounidense era el pasajero número 92.

Dos sacerdotes más se quedaron en Nicaragua. Uno de ellos enfrenta acusaciones por violación a niñas de 13 años en una población del país.

Estados Unidos mantendrá sus sanciones

En 2022, Estados Unidos prohibió la entrada a ese país a una lista de al menos 500 personas vinculadas al Gobierno de Daniel Ortega, desde familiares hasta integrantes de las fuerzas de seguridad nicaragüenses, funcionarios de prisiones, jueces, fiscales, personal educativo y otras personas que participan en la "represión y corrupción del régimen", como calificó entonces el secretario de Estado, Antony Blinken.

“Los gobiernos que niegan derechos fundamentales de su población o amenazan los intereses de seguridad de sus vecinos no deberían pretender que sus relaciones políticas, económicas y comerciales no se vean afectadas” dijo el gobierno norteamericano en el decreto oficial de la Casa Blanca y del Departamento del Tesoro.

En este 2023, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU, Edward Price, ratificó que las sanciones continuarán.

En ese entonces, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había anunciado sanciones económicas al sector del oro en Nicaragua, principal producto exportado hasta 2020, específicamente contra la Dirección General de Minas de Nicaragua, y en contra de Lenín Cerna, asesor del presidente nicaragüense. La potencia estadounidense afirmó que esta medida buscaba sancionar al gobierno de Daniel Ortega por el supuesto encarcelamiento de presos políticos en el país centroamericano que participaron en disturbios de 2018.

También en ese momento, el presidente Joe Biden expresó el interés de poner una orden ejecutiva que permitiera imponer restricciones a determinadas inversiones y relaciones comerciales con Nicaragua, una medida que amenazaba afectar a las importaciones y exportaciones del país centroamericano.  

Aunque las sanciones no se han consumado, Nicaragua ha buscado un entendimiento para salvaguardar los intereses nacionales en los sectores productivos.