Políticos de Morena intercambian señalamientos por casos de corrupción

Al menos cuatro gobernadores morenistas han vertido duras críticas contra sus antecesores del mismo partido, señalándolos por presuntos actos de corrupción, desvío de recursos y omisiones en seguridad pública. El primero en hacerlo, fue Javier May gobernador del estado de Tabasco al señalar durante un evento público en el municipio de Cárdenas, el mandatario refirió: “El pueblo ya no es engañado. Sabe distinguir entre quien dice la verdad y quien quiere manipularlo. Los de antes no cumplieron”.

Esta declaración, aparentemente “sin remitente”, apuntaba directamente a su paisano y compañero de partido Adán Augusto López actual coordinador de senadores de Morena y a Carlos Merino. El actual mandatario los acusó específicamente de permitir la operación del grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cártel de Sinaloa, durante sus administraciones. Hasta ahora, ni López ni Bermúdez han respondido a los señalamientos.

Muy cerca de esa entidad, Rocío Nahle gobernadora de Veracruz presentó una denuncia formal ante la Contraloría General por un presunto daño patrimonial de más de mil millones de pesos en el sistema de salud, heredado de la administración de Cuitláhuac García. La denuncia se basa en auditorías que detectaron pagos por equipos médicos en comodato que ya estaban disponibles en los hospitales, así como irregularidades en la contratación de personal. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo desconocer los detalles, aunque defendió a Cuitláhuac García.

En el centro del país, Margarita González Saravia gobernadora de Morelos, presentó en su momento cuatro denuncias penales y dos administrativas contra la administración de Cuauhtémoc Blanco, exmandatario y exfutbolista, por presuntos desvíos de 3 mil millones de pesos. Blanco, quien niega las acusaciones, respondió con ironía: “Que me investiguen, yo no soy Graco Ramírez”. En Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez responsabilizó a su antecesor, Rutilio Escandón, por la proliferación de grupos criminales en zonas serranas, donde se han encontrado fosas clandestinas. El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca aseguró que la administración pasada “negó el problema” y permitió el avance del crimen organizado.