EEUU acusa a dos empresarios mexicanos de sobornos a Pemex en Texas

El Departamento de Justicia de EEUU anunció la tarde del lunes una acusación contra dos empresarios originarios de México y residentes en Texas por presuntamente sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2019 y 2021 para manipular licitaciones y obtener millones de dólares en contratos de la empresa estatal.
"Hoy se hizo pública una acusación formal en el Distrito Sur de Texas que acusa a dos empresarios mexicanos por su participación en un presunto plan de soborno para retener y obtener negocios relacionados con Pemex, la empresa petrolera estatal de México, y Pemex Exploración y Producción (PEP), la subsidiaria de propiedad absoluta de Pemex", se afirma en un comunicado del Departamento de Justicia estadounidense.

Según los documentos, los acusados son Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, de The Woodlands, Texas, y Mario Alberto Ávila Lizarraga, de 61 años, de Spring, Texas, ambos ciudadanos mexicanos y residentes legales permanentes en EEUU, junto con otros no identificados.

"Presuntamente (...) ofrecieron pagar al menos 150.000 dólares en sobornos a funcionarios de Pemex y PEP para obtener y retener negocios para empresas asociadas con Rovirosa", dice el anuncio oficial del departamento de Justicia.

Además, Rovirosa "presuntamente tiene vínculos con miembros de cárteles mexicanos" del crimen organizado, agregó.

Al menos entre 2019 y 2021, los acusados y sus cómplices presuntamente habrían pagado sobornos a funcionarios de Pemex en forma de artículos de lujo, incluyendo productos de Louis Vuitton y Hublot, pagos en efectivo y otros bienes de valor a por lo menos tres funcionarios de Pemex y la filial PEP.

Las coimas fueron ofrecidas a los funcionarios "a cambio de que tomaran ciertas medidas para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y retener negocios con Pemex y PEP. Estas ventajas indebidas ayudaron a empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos por al menos 2,5 millones de dólares", detalla la denuncia.

La acusación fue presentada por el fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti, de la división penal del Departamento de Justicia.

El Gobierno de EEUU advierte que no tolerará a quienes enriquecen a funcionarios corruptos, como los de la petrolera estatal mexicana.

"Esta acusación debe enviar un mensaje claro de que la División Penal no tolerará a quienes enriquecen a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo", indica el pronunciamiento.

Rovirosa y Ávila están acusados de cargo de "conspiración" para violar la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero y tres violaciones sustanciales más de la misma legislación denominada FCPA, en inglés.

"De ser declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo", indica el departamento de Justicia.

Un juez federal determinará la sentencia tras considerar las directrices de las leyes de EEUU y otros factores legales.

Tras su arresto, Rovirosa compareció este mismo lunes ante el juez, mientras que Ávila se encuentra prófugo.

La policía federal de investigaciones (FBI, en inglés) y el departamento de Seguridad Nacional investigan el caso, con la asistencia de la oficina del inspector general de la Corporación Federal de Depósitos de Seguros.

La oficina de asuntos internacionales del Departamento de Justicia también brindó asistencia crucial en este caso.

Los abogados litigantes Lindsey Carson, Abdus Samad Pardesi y Paul Ream, de la sección sobre fraudes de la División Penal, y el fiscal federal adjunto Brad Gray para el Distrito Sur de Texas están a cargo de la acusación.

Los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, "más allá de toda duda razonable ante un tribunal", indica el anuncio.

La Sección de Fraude es responsable de investigar y procesar los asuntos relacionados con las leyes sobre Prácticas Corruptas y de Prevención de la Extorsión en el Extranjero.

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, presiona a México para combatir el crimen organizado y el tráfico ilegal de personas, con la amenaza de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si no se cumplen sus exigencias.