Ocho años sin justicia en Tamaulipas; llegan a CDMX a protestar

Ciudad de México, 25 de mayo de 2026.— Este lunes, un grupo de familiares de víctimas de desaparición forzada arribó a la Ciudad de México procedente de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con un propósito urgente: solicitar una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “No nos vamos a mover hasta que la presidenta nos reciba y nos explique por qué la justicia en México absuelve a los verdugos de nuestros hijos”, declaró uno de los voceros del grupo a su llegada. La movilización se produce tras la sentencia absolutoria que el pasado 16 de abril de 2026 dictó el Juez de Distrito Carlos Alberto Pantoja Arreola a favor de siete elementos de la Marina acusados por la desaparición forzada de José Luis Bautista Carrillo, ocurrida en mayo de 2018.

Los marinos absueltos —Humberto Macedonio, Leonardo Barrios, Jesús Villa, Jorge Vidal, Pablo Nicolás, Rafael Zúñiga y Jesús Mongoy— pertenecían a la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES), bajo el mando del entonces Almirante Marco Antonio Ortega Siu. El fallo, emitido en el Juicio Oral 13/2025 en el Centro Federal de Justicia Penal Federal con sede en Reynosa, representa un revés devastador para las familias. La absolución judicial contrasta de manera directa con las conclusiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en julio de 2020 emitió la Recomendación 36VG/2020 tras documentar que al menos 27 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de elementos de la SEMAR en Tamaulipas durante 2018. La CNDH calificó estos hechos como "violaciones graves a los derechos humanos", sin embargo, más de un mes después de la liberación, la Fiscalía General de la República y la Asesoría Jurídica Federal de la CEAV no se han pronunciado al respecto.

La lista de agravios que los familiares presentarán en la capital del país es extensa y apunta a una falla sistémica. Denunciarán a agentes del Ministerio Público de la FGR por perder al menos tres casos judiciales contra elementos de la Marina; señalarán el incumplimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en materia de Reparación Integral del Daño; y exigirán explicaciones a la Comisión Nacional de Búsqueda por la falta de resultados en la localización de sus seres queridos. El caso se enmarca en una crisis nacional de desapariciones que no cede: de acuerdo con la organización civil Causa en Común, los casos de desaparición en México aumentaron un 26% entre enero y abril de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, lo que refleja que este delito sigue al alza. Además, un informe de la ONU de abril de 2026 ya solicitó llevar la situación de desapariciones forzadas en México ante la Asamblea General del organismo, una medida excepcional que subraya la gravedad de la emergencia.

Las víctimas de desaparición forzada cuyas familias continúan sin respuestas son 23 personas, entre ellas un menor de edad: Julio César Viramontes Arredondo, José Daniel Trejo García, José Luis Bautista Carrillo, Markz Moreno Salas, Israel Jiménez Palacios, Jorge Antonio Hernández Domínguez, Juan Carlos Zaragoza González, Adolfo Ángel Chigo Villegas (menor), Mauricio Toledo Cervantes, Edgar Alberto Treviño Ochoa, Brandon Eduardo Nevárez García, Daniel Gerardo García Ramírez, Marco Antonio Romero Sánchez, Alan de la Fuente Serna, Rubén de la Fuente Serna, Juan Carlos Pérez Navarro, José Emilio Romero Rodríguez, Glafiro Vázquez Mendoza, Dafny Tamara Báez, Gabriel Gaspar Vázquez y Martín Rico García. En su pliego petitorio, los familiares también exigirán una reunión interinstitucional con la Secretaría de Gobernación —a cuya titular acusan de negarse a recibirles—, la FGR, la CEAV, la CNB, la CNDH y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).