Industria del juguete alerta por aumento de aranceles a plásticos

La Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (Amiju) advirtió que el incremento de los aranceles a plásticos importados, de 10 a 35 por ciento para países sin acuerdos comerciales con México, impactará negativamente a la producción nacional. Miguel Ángel Martín González, presidente del organismo, señaló que la medida afectará la competitividad del sector.

De acuerdo con Martín González, aproximadamente la mitad del costo de un juguete depende de los insumos, principalmente plásticos derivados del petróleo. “Si México produjera lo suficiente, estaríamos encantados de aumentar el contenido nacional. Pero Pemex no alcanza a cubrir la demanda”, explicó.

La preocupación de la industria se planteó ante la Secretaría de Economía durante las consultas relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en las que participaron unas 25 empresas jugueteras y representantes de la industria del plástico.

El aumento de aranceles forma parte del Programa de Protección para las Industrias Estratégicas de México, anunciado el 10 de septiembre, que busca fortalecer la producción nacional ajustando tarifas a productos de países sin acuerdos comerciales.

La medida, sin embargo, ha generado debate. El 13 de octubre, la Cámara de Diputados suspendió temporalmente el análisis del paquete arancelario contra China ante posibles represalias comerciales y afectaciones al intercambio bilateral, mientras la Secretaría de Economía revisa los aspectos comerciales con los países involucrados.

La Amiju señaló que muchos polímeros afectados, como polietilenos y olefinas, no se producen en México, por lo que un aumento abrupto de precios podría golpear especialmente a pequeñas y medianas empresas. La asociación propone escalonar la medida, establecer excepciones técnicas y alinear cualquier ajuste con el T-MEC.

Asimismo, el sector juguetero reiteró su respaldo a la estrategia “Hecho en México”, pero destacó que la sustitución de importaciones requiere una transición ordenada de tres a cinco años, con certidumbre regulatoria, disponibilidad de insumos y financiamiento. Además, solicitó la instalación de una mesa técnica permanente para evaluar capacidades de abasto y planes de inversión.