Denuncian omisión en informe de gobierno de Nuevo León de caso de menor asesinado en el DIF

Diversas organizaciones de la sociedad civil criticaron que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, omitiera mencionar el caso del niño Ángel, asesinado en las instalaciones del DIF estatal, durante la presentación de su cuarto informe de gobierno. Las agrupaciones reiteraron su exigencia de justicia y transparencia en torno a las irregularidades que rodearon su muerte.

Ángel, un adolescente de 14 años con discapacidad, falleció el 9 de febrero de 2022 en el DIF Nuevo León, después de haber sido trasladado al albergue como castigo por participar en protestas por malos tratos. Su fallecimiento fue reportado con varios días de retraso, su cuerpo cremado sin aviso a la fiscalía y sin que se notificaran de inmediato los hechos a las autoridades competentes.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) documentó graves omisiones institucionales y emitió medidas cautelares para proteger a las y los adolescentes bajo resguardo del DIF, las cuales no fueron cumplidas. Posteriormente, la fiscalía estatal confirmó que Ángel había sufrido lesiones graves y que se manipularon evidencias del caso. Aunque un enfermero fue detenido, otros funcionarios implicados, entre ellos Miguel Ángel N, hoy diputado federal, continúan sin rendir cuentas.

En su recomendación, la CEDHNL calificó el caso como un “crimen de Estado”, al tratarse de una muerte ocurrida bajo custodia de instituciones públicas y en condiciones de vulnerabilidad. A pesar de ello, las organizaciones denunciaron que el gobierno estatal no ha reconocido su responsabilidad ni implementado acciones efectivas para garantizar la no repetición de hechos similares.

Los colectivos exigieron la creación de mecanismos independientes de monitoreo para vigilar las condiciones y la atención que reciben niñas, niños y adolescentes en los centros del DIF, así como la continuidad de la investigación ministerial sin interferencias políticas. Subrayaron que el silencio oficial perpetúa la impunidad y el riesgo para otros menores institucionalizados. 

Las organizaciones reiteraron que el caso de Ángel representa una deuda de justicia del Estado mexicano con la niñez y la discapacidad. Recordaron que el respeto a los derechos humanos no puede condicionarse a intereses políticos ni omitirse en discursos oficiales, y que la memoria de Ángel exige verdad, reparación y garantías de no repetición.