Cuestionan imparcialidad de comisionada de la CIDH tras participar en foro político

Cuestionan imparcialidad de comisionada de la CIDH tras participar en foro político

La participación pública de Rosa María Payá Acevedo, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un foro político realizado en la Ciudad de México, generó nuevos cuestionamientos sobre la compatibilidad de sus actividades con el cargo que desempeña dentro del organismo.

Payá asistió el pasado viernes al evento Cuba y América Latina: seis décadas de autoritarismos, lo que ha sido interpretado por diversos sectores como una posible violación al artículo 8 del estatuto de la CIDH, el cual establece que los comisionados deben abstenerse de participar en actividades que comprometan su independencia o imparcialidad.

Las críticas no son recientes. En junio pasado, el Panel Independiente para la Evaluación de Candidaturas del Sistema Interamericano ya había advertido que la cercanía de Payá con organizaciones de la sociedad civil y su intención de mantener una militancia activa podrían afectar la percepción de autonomía requerida para el cargo.

A estas observaciones se suma su perfil profesional. A diferencia de otros integrantes de la CIDH, Payá no cuenta con formación jurídica ni especialización en derechos humanos, lo que también fue señalado durante el proceso de evaluación, al detectarse un conocimiento limitado en normas, jurisprudencia y doctrina del sistema interamericano.

Su trayectoria pública está vinculada a posturas políticas contra el gobierno cubano, incluyendo el impulso de sanciones, el endurecimiento del bloqueo económico y campañas internacionales contra programas de cooperación de la isla, lo que ha reforzado la percepción de una agenda política definida.

Diversos analistas consideran que la reiterada participación de una comisionada en espacios de activismo político no solo entra en tensión con los principios de la CIDH, sino que también debilita la credibilidad institucional de un organismo que tiene como mandato la defensa imparcial de los derechos humanos en la región.