Con Plan B, paga el INE, la democracia y la ciudadanía

Como lo advirtieron los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova y Ciro Murayama en la presentación del libro ‘La democracia no se toca’, el llamado ‘Plan B’, de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría amenazar el voto libre, lo que indudablemente provocará que la ciudadanía termine pagando.

“Lo que nos queda es defender lo que tenemos y recurrir a los mecanismos jurídicos, pero, sobre todo, asumir que la sociedad sí puede definir su propio futuro”, resaltó el consejero presidente del INE, durante su participación en la conferencia de Retos y desafíos de las autoridades electorales, en la Universidad de Monterrey (UDEM).

En términos prácticos el ‘Plan B’ es un claro atento a la democracia y a los avances que México ha conseguido en material electoral en las últimas cuatro décadas por los siguientes motivos, expuestos en un informe realizado por el INE.

De contar con cinco vocales, solo quedaría uno para cumplir con diferentes funciones, entre las que destacan la actualización de secciones electorales, hacer recorridos para ubicar casillas y capacitar a los funcionarios que cuentan los votos el día de la Jornada Electoral; además, los recortes implicarían deshacerse del Servicio Profesional Electoral Nacional, cuyos integrantes son capacitados y evaluados constantemente. Lo que implica un aumento en el riesgo de anular una elección si no se instala el 20% de casillas en un distrito.

Asimismo, la reforma pretende que exista solo un vocal operativo responsable de la actualización y depuración del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, y que los Módulos se instalen en escuelas y centros de salud; situación que pondría en riesgo los datos personales de la ciudadanía.

La reforma plantea también un acta única por elección, que los cómputos distritales comiencen el mismo día de los comicios, pero no elimina el PREP por lo que habría dos sistemas simultáneos de resultados, lo que no reduce costos ni procesos. Aunado a que los funcionarios de casilla no recibirán apoyo para el traslado de paquetes electorales, atentando contra la transparencia, certeza y seguridad del proceso.

Por otra parte, con la aprobación del ‘Plan B’, no se consideraría propaganda a la promoción no etiquetada presupuestalmente como tal o a través de manifestaciones de los servidores públicos, además establece que “no se puede perder el registro como persona precandidata o candidata, en los casos en los que se omita presentar el informe de precampaña o rebasen el tope de gastos”. Clausula sumamente conveniente para Morena que sufrió a causa de esto en elecciones pasadas, como en la librada por la gubernatura de Guerrero.

Finalmente, la reforma contempla reducir un 84.6% al Servicio Profesional Electoral, y desaparecer la rama administrativa, lo que “vulnera la autonomía e independencia para garantizar comicios libres, auténticos y periódicos. Por estos motivos, es que la democracia en nuestro país está en riesgo si  la 4T logra modificar la estructura de un organismo autónomo que no está al servicio del gobierno en turno, como han resaltado en múltiples ocasiones diversos académicos, especialistas y los consejeros del INE.