Acusan que quitar facultades al TEPJF también forma parte de las acciones de Morena y sus aliados

Acusan que quitar facultades al TEPJF también forma parte de las acciones de Morena y sus aliados

Organizaciones civiles exigieron a seis de siete partidos y a sus legisladores retiren la iniciativa que pactaron para recortar las facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y favorecer las decisiones partidarias en detrimento de los derechos políticos de las minorías. 

En el marco de la revisión de la propuesta en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, las organizaciones exigieron a los partidos no afectar al Tribunal Electoral, pues eso impactará en los derechos político electorales de minorías y sectores tradicionalmente marginados por la sociedad, y sistemáticamente excluidos por las cúpulas partidistas.

Esto formaría parte de las acciones que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y sus aliados (PT y PVEM), han emprendido en contra de las autoridades electorales. Pero algo peculiar ha pasado, pues en el proyecto están sumados los partidos de oposición.

La reforma, presentada en marzo, consiste en cambiar cuatro artículos de la Constitución para poner límites al accionar del Tribunal, esto a pesar de la firme negativa que el bloque opositor dio al avance de la serie de reformas a leyes secundarias de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), conocidas como el Plan B con las que se buscaba modificar la composición del INE y del Tribunal así como sus facultades.

De aprobarse esta reforma, el TEPJF, se verá impedido de hacer progresar diversos juicios interpuestos por personas con discapacidad, transgénero, migrantes, indígenas y mujeres en contra de violación a sus derechos políticos en la vida interna de los partidos. 

En esencia, se quita al TEPJF la capacidad de regular la conducta de los dirigentes partidistas, aun cuando afecten a miembros de la militancia. Es decir, que los militantes no podrán inconformarse ante el Tribunal cuando sus líderes políticos violen los estatutos partidistas, ya que se considerará que solo la propia dirigencia de los partidos tiene injerencia en esos casos.