Plantean juicio político contra Evelyn Salgado gobernadora de Guerrero por crisis en el estado

Plantean juicio político contra Evelyn Salgado gobernadora de Guerrero por crisis en el estado

Ante la crisis de inseguridad en Guerrero, el activista Adrián LeBarón Soto solicitó de manera formal a al Congreso de Guerrero y a la Cámara de Diputados federal de México un juicio político contra la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda. Lo anterior, por las omisiones en materia de seguridad, así como la manipulación de los hechos por parte de la denunciada y su administración, relacionados con el reciente asesinato de Yanqui Kothan Gómez Peralta por elementos de la policía estatal.

La solicitud de LeBarón subraya una crisis en el estado de derecho en Guerrero, marcada por la prevalencia de la violencia y delincuencia organizada. Detrás de este llamado a juicio político se encuentra la preocupación por la violencia y el caos que imperan en Guerrero, uno de los estados más afectados por la violencia en México.

A través de un comunicado de prensa, LeBarón, argumentó que en el estado existe una crisis de estado de derecho, donde todos los días se somete a la población a la voluntad de grupos armados, con extorsiones, amenazas, secuestros, desapariciones, homicidios, etc.; además se ha provocado una confrontación violenta entre diversos grupos sociales como los estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con elementos del estado, que ha resultado en una violenta jornada con pérdidas patrimoniales, instalaciones públicas dañadas, vehículos incendiados y personas lesionadas.

La demanda de LeBarón se basa en lo que él considera un incumplimiento por parte de la Gobernadora Salgado Pineda de sus deberes constitucionales en materia de seguridad y protección de los derechos ciudadanos. Argumenta que esta falta de acción y la presunta manipulación de la información relativa a actos de violencia reflejan una violación a los principios constitucionales y las leyes federales, dejando a la población en una situación de vulnerabilidad y riesgo constante.

El activista social consideró como importante entender que la titular del ejecutivo del Estado de Guerrero tiene el mandato Constitucional de coordinar la seguridad, de garantizar el pleno goce y ejercicio de las prerrogativas Constitucionales y promover la estabilidad de un Estado Constitucional y de Derecho; tareas en las que ha fallado, dejando un saldo grave para la población.