ONU pide atender con urgencia las "desapariciones forzadas" en México

El Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, en inglés) solicitó este jueves al secretario general del organismo, António Guterres, que notifique con urgencia a la Asamblea General la situación de ese delito de lesa humanidad en México, para considerar medidas para prevenirlo, erradicarlo y castigarlo.

El organismo solicitó al máximo funcionario de la ONU, Guterres, que "remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen", indica un comunicado emitido en su sede de Ginebra.

En su decisión, adoptada con base en el artículo 34 de la Convención Internacional en esa materia, el Comité anuncia poseer información con "indicios fundados" de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas.

Esa conclusión se basa en su evaluación de que "se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país".

Explica que, en virtud del citado artículo, "el Comité no actúa como una comisión de investigación y no está obligado a llegar a una conclusión fáctica".

El presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro, afirma en el pronunciamiento que "el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil".

¿De qué dimensión es la problemática?

En cuanto a la dimensión de la crisis en todo el país norteamericano, el Comité señala que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas aún no ofrece una imagen clara de cuántos casos registrados podrían corresponder a desapariciones forzadas.

En efecto, el 27 de marzo pasado, el Gobierno de México anunció que tiene registros de más de 130.000 personas desaparecidas desde 2006 a la fecha, en un informe presentado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, con autoridades civiles y militares, sin precisar cuántas podrían ser desapariciones forzadas.

El Comité también citó el "continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país, estimando que se han encontrado más de 4.500 fosas, que contienen más de 6.200 cadáveres y 4.600 restos humanos, además de unos 72.000 restos humanos no identificados".

Toma nota además de que la "guerra contra las drogas" en México ha contribuido a tales ataques a nivel local.

No obstante, el CED subraya que "no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas", mediante acción u omisión deliberadas, en el sentido del Estatuto de Roma.

El Comité registra la postura oficial de México, en torno a que muchas desapariciones son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado y, por lo tanto, no deben clasificarse como desapariciones forzadas, amparado en el artículo 2 de la Convención.

La respuesta del CED es que "en algunos de los casos denunciados, ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia".

Señala además que el derecho internacional establece que ese delito de lesa humanidad también puede ser cometido por actores no estatales organizados, "cuando formen parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil".

Finalmente, el CED toma nota de la información presentada por el Estado mexicano y la sociedad civil, la respuesta oficial de septiembre pasado, la información recopilada por el Comité desde 2012, su visita al país en 2021, y las solicitudes de acción urgente presentadas por las víctimas.