FORO denuncia amenazas de gobierno de Jara para desalojar Zócalo de Oaxaca

FORO denuncia amenazas de gobierno de Jara para desalojar Zócalo de Oaxaca

El Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (FORO), quienes actualmente realizan protestas en el Zócalo de Oaxaca capital por el despojo de sus tierras a más de 50 familias en varias comunidades costeras, denunciaron que el secretario de Gobierno del Estado, Jesús Romero López, amenazó a su dirigencia con “fabricar delitos” y desalojarlos mediante el uso de la fuerza pública si no cesaban sus protestas en la capital del estado.

Cristel Jiménez, representante del FORO, informó que estas advertencias generaron “profundo enojo entre las bases”, por lo que evaluarán nuevas rutas de movilización hasta que sus demandas sean atendidas por el gobernador Salomón Jara.

Por otro lado, La diputada federal Aracely Cruz criticó que la administración de Jara “se apresure a proteger la propiedad privada de empresarios, mientras ignora el despojo del patrimonio indígena y campesino”.

“La verdadera legitimidad no reside en un escritorio ni en redes sociales, sino en la voz del pueblo. El gobierno de Salomón Jara y su secretario Jesús Romero confunden protesta con violencia, pero lo que sí saben ejercer es la represión”, señaló en un comunicado.

Asimismo, otras organizaciones como la Sección XXII de la CNTE-SNTE expresaron su respaldo a FOTO, asegurando que existe un “operativo de intimidación” en el Zócalo, donde diversos agentes de fuerzas policiales han sitiado la zona portando armas y equipos antimotines con la aparente intención de desalojar a los manifestantes.

“Condenamos categóricamente la política de represión del gobierno estatal y su intento de sofocar una jornada de lucha legítima por justicia, libertad y territorio”, expuso el gremio magisterial.

A pesar de las amenazas, FORO dijo que continuará defendiendo del “despojo” los territorios y patrimonio de los pueblos, específicamente de las más de 56 familias en Playa El Coyote, Santa María Huatulco, así como en Playa Salchi y Playa Conejo, donde comunidades aseguran haber sido expulsadas de sus tierras por intereses empresariales, presuntamente con complicidad de autoridades.