El terrible y no resuelto drama de las personas desaparecidas

Recientemente se hizo público que el número de personas desaparecidas y no localizadas en México alcanzó la espantosa cifra de cien mil, contabilizadas a partir del año 1964 hasta la fecha. Algo más grave aún, según cifras oficiales, el problema no tiende a desaparecer sino a volverse más crítico en el actual sexenio, como se ve al comparar la cifra de desaparecidos en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto (7,643), con los desaparecidos en el 2021, en plena 4T (9,732). 

Resulta que, tan solo el año pasado, desaparecieron casi diez mil mexicanos y, en respuesta, el presidente López Obrador, mostrando que es capaz de trivializar hasta lo más trágico y terrible, salió con la puntada de que las cifras tan grandes de personas desaparecidas en el gobierno actual se deben a que “ahora sí las buscan y antes no”. Quizá la frase le sirva para intentar desviar la conversación sobre la esencia del problema o para alimentar de necedades a sus chairos, pero lo que los datos exhiben es el número tan alto de personas que NO aparecen aunque las busquen (suponiendo que es verdad que ahora sí las buscan), lo que sumado a las personas que aparecen asesinadas en todo el territorio nacional forma un cuadro de horror y descontrol de la seguridad pública que no existe en ningún otro país, ni siquiera en los que hubo o hay guerras o dictaduras militares: “Las cifras mexicanas exigen comparaciones foráneas, aunque sea para entender la forma del conflicto. Así, por ejemplo, Colombia cuenta poco más de 99,000 desaparecidos desde 1970, principalmente por el conflicto entre guerrillas y grupos paramilitares que vivió el país. En Argentina, la dictadura militar (1976-1983) dejó alrededor de 30,000, según cuentas de organizaciones no gubernamentales. Y en Guatemala, las tres décadas de conflicto y represión a finales de siglo pasado dejaron 45,000, de acuerdo a un cálculo de Amnistía Internacional. La diferencia de México con los demás es que la mayoría de sus desaparecidos son de época reciente, cuando el país no vive dictadura alguna o guerras civiles. En teoría, México vive en paz, concepto que retan sus violencias, enlazadas con corruptelas antiguas” (EL PAÍS, 17 de mayo).

A esto se le suma otro problema sin resolver: la crisis forense, la incapacidad del aparato gubernamental para identificar sin ninguna duda el cadáver de una víctima y entregarlo a sus familiares para que por lo menos dejen de padecer la tortura de la incertidumbre. En México, más de 52 mil fallecidos permanecen sin identificar y a corto plazo no hay posibilidades técnicas, ni personal, ni presupuesto para realizar los trabajos de identificación. Y si no se les identifica, mucho menos se ha detenido a quienes cegaron esas vidas: “Solo 35 de las desapariciones registradas han alcanzado la condena de los perpetradores. Esta abrumadora tasa de impunidad se atribuye principalmente a la falta de investigaciones efectivas. Lo anterior deja solas a las familias de las víctimas, quienes ya están profundamente afectadas por la desaparición de sus seres queridos, con la carga adicional de intentar esclarecer qué les sucedió” publicó el 17 de mayo la revista proceso, citando a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El creciente número de desapariciones, junto con los asesinatos y feminicidios que también ya rebasaron las cifras de los sexenios anteriores es la atroz cara de la ineptitud del gobierno para cumplir una de sus principales promesas de campaña y es también la calificación reprobatoria a la política que han seguido para acabar presuntamente con la delincuencia: “Yo voy a conseguir la paz, ese es mi compromiso, voy a conseguir la paz y voy a terminar con la guerra, no vamos a continuar con la misma estrategia que no ha dado resultados… A mitad del sexenio ya no habrá guerra” (El Financiero), ofreció en enero del 2018 el entonces candidato López Obrador, quien ya encarrerado en la demagogia dijo: "en muy poco tiempo comenzarán a reducirse los índices delincuenciales que azotan al país… conforme se vaya dando el crecimiento económico en el país, y a medida que éste se vaya consolidando, habrá mayor generación de empleos, lo que nos irá dando oportunidad de aplicar los programas de desarrollo social y con ello va a ir bajando la delincuencia" gritó triunfal y agregó que no necesitaría guardaespaldas ni autos blindados para proteger su vida. Nada de eso cumplió y lo poco que hizo no resultó la solución para disminuir la criminalidad: ni los programas sociales han abatido la delincuencia, ni el país ha crecido, ni él ha dejado de usar guardaespaldas y autos blindados (cosa que nadie le exigió, pero que él prometió para apantallar incautos). Lo que hay es sangre y más sangre por doquier, miles de desaparecidos, feminicidios, robos y secuestros como nunca antes. 

 La indefensión ciudadana se puede sintetizar en la siguiente frase del presidente: “También cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos”. Es innegable que son seres humanos, pero eso no les da derecho a atentar contra la vida y la seguridad de otros seres humanos, y quien debe castigar, con eficacia y sin violar los derechos humanos, esas conductas violatorias de la ley es el Estado mexicano, uno de cuyos representantes principales es el presidente de la República que, por lo que exhiben sus hechos y sus dichos, no está dispuesto a hacer nada sustancial para acabar o disminuir sustancialmente por lo menos, estos crímenes que enlutan y amargan la vida de millones de mexicanos. En resumen, en 2024 tendremos un presidente saliente que dejará a México más lleno de sangre, impunidad, pobreza e ira.