AMLO sigue desmantelando el servicio público mexicano

El pasado 18 de abril, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa que propone cambiar la estructura de la Administración Pública Federal (APF) con el objetivo de eficientar los recursos públicos. Como muchas medidas del gobierno de la Cuarta transformación, busca seguir imponiendo sus medidas de austeridad, las cuales han generado ya muchas problemáticas y no existe evidencia técnica de verdaderos ahorros u optimización de los recursos, como afirma el mandatario.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, una organización civil profesional que busca incidir en el desarrollo de la economía pública, a través de la investigación, nuevamente nos alerta sobre el verdadero alcance de esta medida que seguramente será aprobada, pues Morena tiene la mayoría en ambas cámaras.

La nueva iniciativa del Presidente incluye la eliminación y/o traslado de 18 órganos de la APF, bajo el argumento de que sus funciones se encuentran duplicadas o segmentadas, del cual el ejecutivo no presenta evidencia alguna. Decisiones de este tipo se tienen todos los días, así como nombramientos, por ejemplo, así vimos cómo Raquel Buenrostro, tuvo super facultades dotados por el Presidente, para imponer la política de austeridad desde su papel de Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, causante del desabasto de medicamentos y otros problemas, solo porque la funcionaria era honesta y tenia la confianza del Presidente.

La nueva flamante propuesta, ya saben, espera eliminar la dispersión de recursos públicos para ejecutarlos de manera más eficiente, entre sus buenos deseos. Así, se busca eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción  (Entidades no sectorizadas) y trasladar sus funciones a la Secretaría de la Función Pública, así como su presupuesto, que para 2023 es de 129.5 mdp.

También se propone eliminar, sin traslado de funciones ni presupuesto, el Fideicomiso del Fondo Minero, de la Secretaría de Economía, cuyos recursos para 2023 son de 36.1 mdp. El propio presidente buscaba que ese fondo llegara a las comunidades mineras tras el cobro del impuesto que se cobra a las empresas por la extracción del mineral.

Asimismo, 11 órganos desconcentrados trasladarían sus funciones y presupuesto a unidades administrativas de la misma secretaría de Estado, por lo que no implicaría incrementos o disminuciones de presupuesto en dichas secretarías.

A un órgano desconcentrado le quieren transferir parte de las funciones de un órgano central para acercar la prestación del servicio al usuario y descongestionar el poder; sin embargo, advierte el CIEP, transformarlos en unidades administrativa podría restarles capacidad de decisión, lo que afectará a los usuarios.

La iniciativa propone que cinco órganos se integren a unidades administrativas de distinta secretaría. También se establece que tanto sus funciones como su presupuesto se mantengan, por lo que se esperaría que se modifique el presupuesto de las secretarías involucradas.

Aunque el objetivo es eficientar recursos, se menciona que el personal de los órganos trasladados se integrará y que el presupuesto de estos se compensará.

Seis de los dieciocho organismos a modificar se relacionan con poblaciones vulneradas: indígenas, niñas, niños y adolescentes, juventud y personas con discapacidad, por lo que el CIEP apunta podría implicar afectaciones hacia estos centros de atención de la administración pública. Como vemos, la 4T sigue profundizando su equivocada política de austeridad, sin reglas claras, a capricho, con lo que sigue lesionando al servicio público mexicano, algo que ha sido una constante del mandatario. Nadie niega errores en las administraciones pasadas, sin embargo, continuar con medidas inviables seguirá profundizando la ausencia de un Estado fuerte ante problemáticas que deben resolverse por parte de la Administración Pública Federal.